Frente al planteamiento del Gobierno de que el 2011 será el año de la reforma de la educación superior en Chile y a la profunda crisis que viene experimentando la educación superior, lo que ha llevado una vez más a un estado de movilización de los estudiantes universitarios y académicos desde hace varios días, los Decanos de las distintas Facultades y los Directores de Institutos de la Universidad de Chile manifestamos nuestro respaldo a las iniciativas impulsadas por el Rector de nuestra casa de estudios, Víctor Pérez y a los lineamientos generales planteados por el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, CRUCH, entregadas al Señor Ministro de Educación y revisadas institucionalmente en Consejo Universitario del 7 de junio de 2011.
Destacamos lo indispensable de un aumento sustancial del aporte del Estado a la educación superior, que en particular no puede seguir abandonando su compromiso con el financiamiento de sus universidades públicas. El Estado tiene que aumentar significativamente el monto del financiamiento al sistema que hoy apenas es de 0,3 % del Producto Interno Bruto (PIB). Hay que tener en cuenta que en los países de la OECD -organización de la que Chile forma parte- esa cifra se eleva a 1,3%. Detrás de esas cifras se esconde la realidad de las familias chilenas que hacen el peso del 80% del financiamiento, la mayoría de las veces a través de cuantiosas deudas con la banca privada.
Llamamos a las instancias de Gobierno y del Parlamento a revisar seriamente esta situación y estudiar las formas adecuadas de financiamiento de una reforma que tendrá que hacerse cargo de las injusticias e irregularidades que entraña el sistema de educación superior actual.
Vemos con preocupación la falta de regulación del Estado ante las anomalías y distorsiones que se han desplegado en el ámbito educacional superior. La situación actual al margen de la legalidad, donde numerosas entidades universitarias privadas lucran gracias a los aranceles de sus alumnos requiere límites urgentes, serios y efectivos. Por eso, la creación de una Superintendencia de Educación no puede demorar para que el Estado ejerza un rol fiscalizador activo como garante de transparencia y eficacia. Es necesaria la reformulación de los sistemas de acreditación, que día a día han pasado a ser nuevas caras del "negocio" de la educación y focalizarlo en las carreras, que es de donde salen los profesionales. Hacemos un llamado público para que se fortalezca la acreditación y que todos los participantes de la educación superior se sometan a ello obligatoriamente.
Todo esto requiere de una voluntad política clara y firme de gobernantes, legisladores y de la propia ciudadanía a la que llamamos a participar activamente en un debate que lleven a compromisos concretos, necesarios para nuestro desarrollo como país.
Revitalizamos por nuestra parte, nuestro compromiso para entregar con calidad la mejor docencia e investigación, así como abrir las oportunidades para estudiar los mecanismos tendientes a que en el futuro los jóvenes que lleguen a nuestra casa de estudios puedan estudiar sin importar su origen socio económico. Es necesario -y una tarea que debemos emprender como país- romper el círculo que supedita hoy al estudiante a la condición socio-económica del grupo familiar, lo que reproduce las brechas de inequidad existentes en la sociedad chilena.
Estamos ciertos que el diálogo y la evaluación razonada de propuestas son el único camino legítimo para resolver los problemas que aquejan a la educación superior. Asimismo, que las falencias de nuestro sistema educativo se resuelven con mucho trabajo y aunando criterios en un esfuerzo de largo plazo donde todos pongan buena voluntad sin tratar de imponer sus propias ideas.
Finalmente, deseamos manifestar que estamos disponibles para participar de las mesas de conversación, reflexión y trabajo que se conformen, tanto técnicas como políticas, que nos permitan tener el sistema de educación superior que Chile se merece.
Decanos y Directores de Institutos Universidad de Chile
