"Este año se conmemoran 20 años de la entrada en vigencia del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT), el primer tratado internacional de Salud Pública. Desde 2005, este instrumento ha guiado a los Estados Parte —incluido Chile— en la implementación de Políticas eficaces para reducir la demanda y oferta de productos de tabaco, proteger a las generaciones futuras y frenar la epidemia mundial del tabaquismo. Sin embargo, dos décadas después, los desafíos persisten y se han complejizado. La aparición de nuevos dispositivos de administración de nicotina, el avance de las estrategias de marketing encubierto y la interferencia activa de la industria en los procesos legislativos amenazan con socavar los logros alcanzados. A la luz de este aniversario, se vuelve más urgente que nunca que Chile refuerce su compromiso con el CMCT, aplicando de manera íntegra el artículo 5.3 sobre protección de las Políticas Públicas frente a los intereses comerciales de la industria tabacalera, y consolidando mecanismos regulatorios que respondan a los nuevos escenarios de consumo.
Este 31 de mayo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) conmemora el Día Mundial Sin Tabaco 2025 con el lema “Desenmascarando el atractivo” (OMS, 2024). La consigna no podría ser más urgente. En todo el mundo, la industria tabacalera ha logrado camuflar sus productos como “alternativas” menos dañinas o incluso como instrumentos de cesación, seduciendo a nuevas generaciones con dispositivos “tecnológicos”, sabores frutales, marketing digital y una estética sofisticada que no remite al viejo cigarro, pero sí perpetúa su lógica: sostener la adicción a la nicotina.
Chile no es ajeno a este fenómeno. El país experimentó una significativa disminución del consumo de tabaco combustionado durante los últimos veinte años. La Encuesta Nacional de Salud (ENS) reportó una prevalencia de fumadores actuales de 42,4% en 2003, bajando a 39,8% en 2010 y a 32,5% en 2016–2017 (Ministerio de Salud, 2003, 2010, 2017). Esta tendencia a la baja se refuerza con los datos del Estudio Nacional de Drogas en Población General de SENDA (2024), donde se confirma una disminución sostenida del consumo de cigarrillos tradicionales en adultos. Sin embargo, la prevalencia aún es alta, especialmente entre hombres y adultos entre 25 a 44 años, en zonas urbanas, lo que nos obliga a mantener la vigilancia y las estrategias de desnormalización del consumo de tabaco.
Estas reducciones en la prevalencia de consumo de tabaco reflejan la efectividad de diversas medidas protectoras adoptadas en el país, tales como las leyes de tabaco de 2006 y 2012–2013, la Ley Chao Colillas de 2021, y la inclusión de contenidos preventivos en los programas de Educación Básica y Media. En particular, la enseñanza sobre los riesgos del tabaquismo en etapas tempranas —antes de la edad típica de inicio del consumo— constituye una estrategia clave de salud pública. Estos contenidos se abordan de manera transversal en asignaturas principalmente de Ciencias, aunque también en Lenguaje o Historia, contribuyendo a formar conciencia crítica antes de que la industria logre instalar sus relatos.
No obstante, hoy enfrentamos un nuevo desafío: la expansión de los Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina (SEAN) y sin nicotina (SEASN). Mientras el consumo de tabaco tradicional retrocede, estas nuevas formas de inhalación han comenzado a ganar terreno, especialmente entre adolescentes y jóvenes adultos. El XV Estudio Nacional de Drogas en Población General de Chile, SENDA 2023, reportó que la prevalencia de uso de cigarrillos electrónicos en la población general aumentó de 14,2% en 2018 a 15,3% en 2020, con una alarmante concentración en el grupo de 15 a 24 años (SENDA, 2024).
A diferencia del tabaco combustionado, cuyo daño está bien documentado, los SEAN presentan daños agudos emergentes que antes no se manifestaban. La literatura médica ha descrito casos de EVALI (E-cigarette or Vaping product use-Associated Lung Injury), un síndrome pulmonar grave vinculado al vapeo, que ya ha causado muertes en Estados Unidos y casos clínicos en Chile. Cabe señalar que estos SEAN/SESN no sólo contienen nicotina —altamente adictiva— sino también compuestos químicos como propilenglicol, glicerina vegetal, compuestos aromatizantes (como vainillina, mentol o diacetilo), metales pesados (como plomo, níquel y cadmio), nitrosaminas específicas del tabaco (TSNAs), y otros contaminantes que varían según el fabricante, en muchos casos sin una regulación ni control sanitario efectivo, lo que agrava los riesgos para la salud, más aún considerando los recientes casos de jóvenes con daño pulmonar asociados al uso crónico de vapeadores con saborizantes que contienen diacetilo, que presentan un aspecto imagenológico denominado “pulmón con palomitas de maíz” o bronquiolitis obliterante (Hofmann et al., 2024).
Frente a este escenario, la nueva Ley 21.642, que entró en vigencia el martes 20 de mayo de 2025, representa un avance parcial. Aunque se reconoce a los SEAN/SESN como productos equivalentes al tabaco, algunas de sus disposiciones carecen de reglamentación operativa hasta el momento, tales como los saborizantes que serán autorizados para los líquidos, el régimen tributario que afectará a los distintos componentes de estos dispositivos, los ámbitos de sustentabilidad ambiental, ni tampoco se avizora marco normativo en lo que respecta a las ventas y publicidad por internet. A ello se suma que la referida ley permite concentraciones de nicotina que duplican el estándar europeo.
El Índice de Interferencia de la Industria Tabacalera 2021, elaborado por organizaciones de la sociedad civil, como Chile Libre de Tabaco, muestra que Chile sigue altamente expuesto a la injerencia de empresas como BAT y PMI y tabacaleras locales. La presencia de exministros en sus directorios, las reuniones con el Ministerio de Hacienda y el SII, y su participación en instancias públicas como el Observatorio de Comercio Ilícito dan cuenta de una estrategia clara: bloquear avances normativos y capturar la narrativa pública (Valenzuela & Covarrubias, 2021). A ello se suma la ausencia de un código de conducta estatal frente a esta industria, y la falta de medidas preventivas específicas para evitar la captura de políticas.
En este contexto, la incorporación de la cesación tabáquica en la Atención Primaria de Salud (APS) es una oportunidad clave para consolidar una política integral. Pero este esfuerzo debe mantenerse libre de interferencias. No se puede permitir que los productos de nueva generación se infiltren como supuestas herramientas terapéuticas sin respaldo suficiente. La cesación debe ofrecer alternativas reales: farmacoterapia, acompañamiento clínico, intervenciones comunitarias y mensajes coherentes con la desnormalización del consumo (Hartmann-Boyce et al., 2022; Lindson et al., 2023).
Hoy más que nunca, desenmascarar el atractivo de estos productos exige denunciar la narrativa seductora de la industria, pero también visibilizar la trama política, económica y cultural que la sostiene. A lo largo del desarrollo de las leyes de control del tabaco en Chile, distintas fases del debate legislativo han sido acompañadas de campañas públicas u oposiciones sectoriales que han funcionado, en los hechos, como pantallas de intereses más amplios. En las reformas de 2006 y 2012, fue el gremio gastronómico —particularmente la Asociación Chilena de Gastronomía (ACHIGA)— quien encabezó una oposición sostenida, advirtiendo un impacto negativo en restaurantes y bares, ampliamente cubierto por la prensa. Sin embargo, estudios posteriores y evaluaciones del Ministerio de Salud evidenciaron que la ley no sólo no afectó al sector, sino que mejoró las condiciones laborales, especialmente de los trabajadores expuestos al humo. En el caso del proyecto actualmente en tercer trámite constitucional (Boletín N.º 8886-11), el discurso se trasladó al mundo agrícola. La Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados recibió a representantes de agricultores y asociaciones rurales con argumentos similares, pero el Ministerio de Salud presentó un estudio que mostró cómo los campesinos tabacaleros mantienen relaciones de dependencia contractual con las tabacaleras, incluyendo créditos para insumos, arriendos de tierra y compra a precios fijados unilateralmente, configurando una situación de monopsonio. En la discusión sobre la Ley 21.642 que regula los cigarrillos electrónicos, fueron asociaciones de comerciantes y consumidores —como ASOVAPE— las que encabezaron una defensa del vapeo, replicando discursos ampliamente promovidos por organizaciones afines a la industria en América Latina. Este patrón de interferencia indirecta y tercerización del lobby ha sido documentado por múltiples fuentes, incluidos registros de sesiones parlamentarias, artículos de prensa y estudios regionales (Valenzuela & Covarrubias, 2021; OPS, 2023).
A modo de ejemplo, y desde la opinión de los autores de la columna, el “limbo legislativo” en que se encuentra el proyecto de ley del año 2013 (Boletín N.º 8886-11), que ya fue aprobado en general por la Cámara de Diputados tras pasar por las comisiones de Salud y Agricultura, despachado al Senado, y ahora de vuelta a la Cámara para su tercer trámite constitucional, evidencia los obstáculos generados por la interferencia. Esta iniciativa contempla medidas como el empaquetado genérico de productos del tabaco, la prohibición de saborizantes, el retiro de visibilidad en puntos de venta (estrategia de publicidad encubierta muy recurrida por la industria) y la ampliación de espacios públicos libres de tabaco.
La Salud Pública no puede retroceder frente a una estrategia empresarial que se disfraza de innovación y autonomía individual. El derecho a vivir en espacios libres de humo, vapores y capturas corporativas no sólo debe afirmarse, sino defenderse con claridad y decisión".
Bibliografía
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